ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL ECONÓMICO
Expertos en delitos económicos y societarios
La complejidad técnica de los delitos económicos —el denominado Derecho Penal de «guante blanco»— exige una intervención que trascienda la defensa jurídica convencional. Nos enfrentamos a procedimientos donde la confluencia del Derecho Penal con el Mercantil y el Tributario requiere un rigor analítico absoluto, una especialización técnica de alto nivel y una capacidad de interpretación exhaustiva de la prueba pericial contable y financiera.
En PÉREZ OLIVA | Abogados Penalistas , entendemos que en el ámbito de los negocios y la administración, una acusación no solo pone en juego la libertad individual, sino que amenaza directamente el patrimonio, la estabilidad empresarial y la reputación construida durante años. Por ello, asumimos la defensa y acusación en causas de especial complejidad bajo un modelo de boutique legal, garantizando una estrategia procesal artesanal, una atención directa y un compromiso inquebrantable con la protección de los intereses más sensibles de nuestros clientes.
Nos desplazamos allí donde la complejidad del caso y los intereses de nuestros clientes lo requieran.
Defensa estratégica en delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico
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Como expertos en Derecho Penal Económico, ofrecemos nuestros servicios en los siguientes delitos:
Estafas y apropiaciones indebidas
Abordamos procedimientos por estafas agravadas, fraudes informáticos y apropiación indebida. Nuestra intervención se centra en desvirtuar el engaño bastante o la distracción de fondos, analizando la trazabilidad financiera para desmontar las tesis acusatorias o garantizar la recuperación de activos como acusación particular.
Defensa en Delitos de estafa
La clave de una estafa reside en el «engaño bastante». Nuestra estrategia se centra en desarticular los elementos del tipo penal:
- Inexistencia de Engaño: Demostramos que no hubo una voluntad inicial de defraudar, sino un riesgo empresarial fallido o un incumplimiento civil.
- Análisis de la Autoprotección: Evaluamos si el supuesto perjudicado actuó con la diligencia debida, un factor clave para rebajar o anular la responsabilidad penal.
- Fraudes Informáticos y Phishing: Defensa especializada en nuevas modalidades de estafa digital, donde la trazabilidad del dinero y la autoría son los puntos críticos de la instrucción.
Apropiación Indebida y Administración Desleal
Diferenciamos el uso legítimo de fondos de la voluntad de distracción patrimonial. Actuamos en casos de:
- Gestión de Activos: Defensa de administradores y socios frente a acusaciones de desvío de fondos o gestión desleal de la sociedad.
- Ruptura de la Confianza: Análisis minucioso de las entregas de dinero con fines específicos para demostrar que no existió el «ánimo de apropiación».
- Peritaje Económico: Colaboramos con expertos contables para justificar cada movimiento financiero y acreditar la transparencia de la gestión.
«En las estafas complejas, la victoria se decide en la fase de instrucción. Identificar que estamos ante un mero incumplimiento civil permite solicitar el archivo del caso antes de llegar a juicio.»
Delitos societarios, administración desleal y corrupción
Especialistas en la gestión de conflictos penales en el seno de la empresa. Actuamos en casos de administración desleal y delitos societarios . Protegemos a administradores y directivos frente a acusaciones de gestión fraudulenta, analizando la legalidad de los acuerdos sociales y la toma de decisiones empresariales.
Y ello, por cuanto los conflictos en el seno de la empresa requieren una defensa que combine el rigor penal con un profundo conocimiento del Derecho Mercantil. Protegemos al administrador y al socio frente a acusaciones derivadas de la gestión del patrimonio social y las tensiones internas de la compañía.
- Administración desleal. Defensa técnica frente a la acusación de gestión fraudulenta de activos sociales o extralimitación en las facultades de administración que hayan causado un perjuicio económico. Argumentamos sobre la base del riesgo empresarial permitido, diferenciando técnicamente entre una decisión de negocio desfavorable y una conducta penalmente relevante.
- Abuso de mayoría y derechos de minoría. Actuamos en casos de adopción de acuerdos abusivos o imposición de decisiones sociales que lesionan los derechos de los socios o la propia viabilidad de la empresa. Analizamos la legalidad de los órganos de gobierno y protegemos el derecho de información de los socios frente a bloqueos en la administración.
- Falsedad en balances y cuentas anuales. Defensa técnica en procedimientos por alteración de balances, documentos que deban reflejar la situación económica de la entidad o la ocultación de beneficios. Colaboramos con auditores forenses para acreditar que las cuentas reflejan la imagen fiel de la sociedad, desmontando acusaciones de ocultación de beneficios o simulación de pérdidas.
«La gestión empresarial conlleva riesgos inherentes; nuestra labor es evitar que un conflicto entre socios o un error de administración se traduzca injustamente en una responsabilidad penal.»
Fraude fiscal y a la Seguridad Social
La intervención de la AEAT o la UDEF requiere una defensa de alta especialización que domine la intersección entre el Derecho Penal y el Derecho Tributario. En estos procedimientos, nuestra prioridad es doble: proteger su libertad personal y salvaguardar la viabilidad económica de su patrimonio y su empresa.
Analizamos cada inspección y liquidación para cuestionar la existencia de una cuota defraudada penalmente relevante:
- Determinación de la cuota. Discutimos los criterios de la Agencia Tributaria, buscando reducir las cuantías por debajo del umbral del delito penal mediante contra-peritajes contables.
- Regularizaciones voluntarias. Asesoramos en procesos de regularización bajo el amparo de la excusa absolutoria, con el fin de evitar la vía penal y minimizar el impacto reputacional y económico.
- Responsabilidad de administradores. Defensa específica frente a la derivación de responsabilidades penales y civiles a los órganos de gestión y dirección de la sociedad.
«La complejidad de un delito fiscal no se resuelve solo con leyes, sino con números. Un informe pericial contable bien estructurado es la herramienta más poderosa para evitar una condena por fraude.»
Delitos de falsedad documental
La alteración de la verdad en documentos públicos, oficiales o mercantiles es uno de los delitos más complejos de defender, ya que suele ser la «puerta de entrada» a acusaciones de estafa o delitos contra la Hacienda Pública. En PÉREZ OLIVA Abogados Penalistas, abordamos la defensa de falsedades documentales desde una doble vertiente: jurídica y técnica.
No solo discutimos la legalidad de la acusación, sino que cuestionamos la propia naturaleza de la supuesta alteración:
- Falsedad en documento mercantil y público. Defensa especializada en casos de simulación de facturas, alteración de balances o manipulación de escrituras y documentos notariales.
- Impugnación de pruebas. Trabajamos junto a los mejores peritos calígrafos e ingenieros forenses para desmontar informes acusatorios y demostrar la falta de autoría o la inexistencia de dolo (intención de engañar).
- Análisis del perjuicio. En el derecho penal económico, la clave suele residir en si la alteración tuvo capacidad real de perjudicar a un tercero o de alterar el tráfico jurídico. Si no hay capacidad de engaño, no debe haber condena.
«Nuestra estrategia se centra en la exclusión de la prueba de cargo. En un delito de falsedad, un peritaje técnico a tiempo es la diferencia entre una condena y una libre absolución.»
Blanqueo de capitales y Compliance
La complejidad técnica de estos delitos exige un control exhaustivo sobre lel origen lícito de los fondos y sobre la propia estructura organizativa de la empresa. Exige, por tanto, una defensa que domine la trazabilidad financiera y los estándares internacionales de transparencia.
En PÉREZ OLIVA | Abogados Penalistas blindamos la posición jurídica de nuestros clientes frente a las investigaciones del SEPBLAC y las unidad de inteligencia financiera, actuando con rigor en la justificación de cada flujo patrimonial.
- Intervención de activos y desbloqueo de cuentas. Actuamos con máxima celeridad ante medidas cautelares y embargos preventivos. Nuestra prioridad es garantizar la operatividad financiera del cliente y su empresa, impugnando bloqueos bancarios que carezcan de proporcionalidad o base indiciaria sólida.
- Trazabilidad y análisis forense de fondos. Acreditamos el origen lícito de los activos mediante pruebas periciales económicas sólidas, desmontando las presunciones de la acusación mediante análisis forense de flujos de capital y el rastro documental de las operaciones.
- Criptoactivos. Defensa especializada en investigaciones vinculadas a Bitcoin y otros activos digitales. Dominamos el análisis de la blockchain.
- Prevención y defensa de personas jurídicas: Asesoramos en la implantación de modelos de prevención de delitos (Compliance) para eximir de responsabilidad a la empresa y sus administradores. Transformamos los protocolos de control interno en la defensa más eficaz para administradores y directivos frente a la omisión del deber de control.
«En la defensa por blanqueo de capitales, la clave no reside en la mera negación, sino en la capacidad técnica para acreditar la trazabilidad lícita de cada fondo bajo sospecha.»
Corrupción en los negocios y contra la administración
La defensa en procedimientos por delitos contra la Administración Pública -cohecho, tráfico de influencias o corrupción- exige una estrategia de máxima discreción y solvencia técnica. En PÉREZ OLIVA | Abogados Penalistas protegemos la reputación y la libertad de profesionales y empresas frente a investigaciones de alta complejidad institucional, que suelen involucrar a la Fiscalía Anticorrupción y unidades especializadas.
- Corrupción entre particulares. Defensa ante acusaciones de pagos ilícitos o beneficios no justificados para favorecer a empresas en la contratación de bienes o servicios. Trazamos la línea entre la legítima actividad comercial, las comisiones mercantiles y las conductas penalmente perseguibles.
- Cohecho y prevaricación administrativa. Asistencia especializada en casos de supuestos ofrecimientos a funcionarios públicos o resoluciones administrativas cuestionadas judicialmente. Analizamos la legalidad del acto administrativo para desmontar la acusación de arbitrariedad, basando la defensa en el estricto cumplimiento de la normativa vigente.
- Tráfico de Influencias: Desarticulamos las presunciones de presión ilícita sobre autoridades o el uso irregular de fondos. Centramos nuestra intervención en acreditar la transparencia de las relaciones institucionales y la justificación económica de cada partida presupuestaria bajo sospecha.
- Auditoría de procesos de licitación. Evitamos que cualquier irregularidad administrativa se califique como corrupción.
«La frontera entre la legítima actividad comercial y la sospecha de corrupción es estrictamente técnica; nuestra misión es blindar la seguridad jurídica de su actividad profesional y proteger su honor frente a investigaciones prospectivas.»
¿Por qué confiar su defensa penal económica a PÉREZ OLIVA | Abogados Penalistas?
El Derecho Penal Económico no se gana solo con leyes, se gana con datos.
En un entorno procesal donde la frontera entre la gestión empresarial y el ilícito penal es cada vez más difusa, la solvencia técnica es nuestra mejor arma.
Nuestro valor diferencial radica en cuatro pilares estratégicos
1º.- Capacidad analítica y pericial: No nos limitamos a la exégesis de la norma; profundizamos en la génesis de cada operación económica. Traducimos balances, auditorías e informes financieros complejos en argumentos jurídicos sólidos que los tribunales puedan entender y valorar.
2º.- Anticipación ante órganos de investigación: Sabemos cómo actúan la UDEF, la AEAT y la Fiscalía Especial contra la Corrupción. Esta experiencia nos permite anticipar sus movimientos, bloquear líneas de investigación prospectivas y proteger el patrimonio del cliente desde la fase de instrucción.
3º.- Enfoque multidisciplinar: Colaboramos estrechamente con peritos economistas y expertos contables para someter la prueba de cargo a un contraperitaje implacable. Si la acusación se basa en un error de interpretación contable, nosotros lo evidenciamos.
4º.- Gestión del riesgo reputacional: Entendemos que en delitos de «guante blanco», el daño a la imagen pública puede ser tan grave como la condena penal. Trabajamos bajo los más estrictos estándares de discreción y rigor para minimizar el impacto mediático y corporativo.
MOVILIDAD NACIONAL Y SEDES DE REFERENCIA
La complejidad de los delitos económicos y societarios requiere una presencia constante allí donde se instruya el procedimiento. Por ello, como abogados expertos en Derecho Penal Económico, PÉREZ OLIVA | Abogados Penalistas presta asistencia legal en toda España, desplazando nuestra dirección técnica a cualquier punto del territorio nacional.
Para una atención presencial y personalizada, contamos con sedes de referencia en:
- Como abogados penalistas en Salamanca: Nuestra sede operativa para la defensa ante los Juzgados y Audiencia Provincial. [Ver más sobre nuestra sede en Salamanca].
- Como abogados penalistas en Madrid. Un punto estratégico para procedimientos ante la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. [Ver más sobre nuestra presencia en Madrid].
- Abogados penalistas en Valladolid. Contamos con una presencia recurrente en la capital del Pisuerga, asumiendo defensas complejas ante los Juzgados de Valladolid y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. [Ver más sobre nuestra presencia en Valladolid].
¿Su caso se instruye fuera de estas provincias? No se preocupe, coordinamos defensas en todo el país. Contacte con nosotros para una primera valoración vía videoconferencia.
| Preguntas frecuentes sobre delitos económicos:
No todo impago o incumplimiento comercial es delito. Para que exista estafa debe haber un engaño antecedente o concurrente destinado a inducir a error a la otra parte. En PÉREZ OLIVA Abogados Penalistas analizamos si existe dolo penal o si se trata de una controversia meramente civil, clave fundamental para el archivo de muchas causas.
Sí. Desde la reforma del Código Penal, las personas jurídicas tienen responsabilidad penal propia. Esto significa que la empresa puede enfrentarse a multas millonarias, clausura de locales o incluso su disolución si no cuenta con planes de prevención de delitos (Compliance) adecuados.
La ley permite diversas vías para mitigar las penas, como la reparación del daño o la colaboración activa. Nuestra estrategia se orienta siempre a minimizar la responsabilidad penal y buscar soluciones alternativas que protejan la libertad y la continuidad profesional del cliente.
Lo primero es mantener la calma y no declarar ante la policía sin presencia de un especialista. En delitos económicos, cada documento y cada firma cuentan. Una defensa temprana permite analizar la documentación contable y preparar una declaración coherente que evite medidas cautelares sobre su patrimonio
